e acerca la hora de rendir cuentas. Hay una tendencia a la transición pacífica que no ha aclarado cómo piensa que se van a resolver los problemas de responsabilidad individual por conductas francamente aberrantes. Otros, plantean soluciones implacables contra todo colaborador del régimen. La historia revela que tanto uno como otro extremo son contraproducentes.
Fidel Castro y su hermano Raúl han cultivado el matonismo desde el poder. Si vamos a la historia de Fidel, fue miembro de la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR). Los que vivimos aquella época no podemos olvidar los famosos letreritos de “La Justicia tarda pero llega” que dejaban los caballeros del gatillo alegre en los bares de la Habana al lado de los cadáveres de los represores de la tiranía de Machado a quienes ejecutaban sin mayores miramientos. De ahí es de donde surge Fidel como hombre de acción. Esas conductas se justificaron en que el régimen de Batista les había tirado la toalla a los esbirros machadistas. No lo olvidemos.
Fidel ha recurrido al uso de los actos de repudio como mecanismo de represión. Ofrecen un modo de aterrorizar a la gente usando medios masivos de represión que envuelven a muchos ciudadanos medios. Pero el garantizar la impunidad es una de las bases esenciales de ese medio represivo. Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de la gentuza que participa en estos actos de repudio. ¿Gozarán de impunidad?
Cuando leo las denuncias de Martha Beatriz Roque sobre las amenazas crecientes a su seguridad personal, me siento muy preocupado. Porque Martha Beatriz, junto con sus colegas de la disidencia, ha promovido siempre el tránsito pacífico. Ella nunca ha planteado medidas de venganza contra los represores, sino el perdón y la convivencia entre cubanos. ¿Es que el régimen está tratando de abusar de su tolerancia o de provocarla a caer en posiciones represivas cara al futuro de los represores actuales?
Personalmente, opino que no se puede ofrecer impunidad a los represores que participan en actos deleznables de intimidación y atropello de los derechos de la disidencia y los presos políticos. Hacerlo es extenderles la garantía que obviamente les ofrece el régimen en la actualidad. Hay que darles aviso de que esa impunidad ha terminado y no está garantizada en el futuro. Esto es indispensable para que se pueda llevar a cabo la campaña de no cooperar con el régimen.
En mis muchos años de labor en América Latina he visto cómo los pobladores de las zonas marginales, convencidos de que la justicia formal de sus sociedades no llega a sus áreas, frecuentemente son implacables con los acusados de robos o violaciones en esas áreas. En muchas ocasiones los individuos objeto de esa justicia popular resultan ser víctimas de acusaciones falsas. Pero, una vez ejecutada la acción contra ellos, ya es muy tarde para echarla atrás. Esa no es la justicia que debe prevalecer en la Cuba post-Castro.
Creo que la falta de acceso a la justicia formal alimenta una justicia por la libre que puede dar lugar a muchas injusticias. Por ese motivo, considero que desde ahora hay que ponerse de acuerdo sobre mecanismos formales de justicia para cuando llegue la hora de rendir cuentas en la Cuba post-Castro. Sólo la garantía de que habrá justicia puede evitar los desmanes que se producen siempre cuando la gente empieza a tomarse la justicia en sus manos.
